Puerto Rico en quiebra

Goberandor solicitó acogerse al Título III de Promesa y la Junta aceptó el pedido.

What to Know

  • En marzo, Rosselló había dicho que NO solicitaría la quiebra para Puerto Rico.
  • Bonitas demandaron al gobierno tras no llegar a un acuerdo.
  • La Junta de Control Fiscal acogió de inmediato la solicitud del gobernador.

El gobernador Ricardo Rosselló anunció hoy que solicitó a la Junta de Control Fiscal (JCF) acogerse a la quiebra, como dispone el Título III de la Ley Promesa.

"Ante el análisis de lo que había transcurrido con los distintos créditos del gobierno. Tomé la decisión de solicitarle a la Junta que Puerto Rico se acogiera a la protección del Título III", dijo en conferencia de prensa.

Lee aquí la solicitud.

La JCF, según informó Rosselló, acogió su petición de forma inmediata.

El presidente de la Junta, José Carrión, explicó que se determinó que era necesario y apropiado que el Gobierno radicara dicha petición para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, en vista de la expiración a la media noche del lunes de la moratoria contra litigios. 

Mientras, el representante del gobernador ante la Junta, Elías Sánchez, sostuvo en la conferencia de prensa que el gobierno estuvo en negociaciones con los bonistas, pero que no pudieron llegar a un acuerdo.

"La objeción principal de los acreedores ha sido que el Plan Fiscal no es viable, no es posible...que no les dan suficiente dinero a ellos... Darle más dinero a los acreedores implicaría darle menos dinero al pueblo de Puerto Rico", manifestó el gobernador.

Según se informó, los acreedores tendrán que esperar 120 días para retar la quiebra.

"Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del Pueblo puertorriqueño”, sentenció el primer ejecutivo.

El gobernador destacó que su administración busca cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de $800 millones anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo de 2017. Esto representa un recorte de 80% en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas administraciones.

El primer ejecutivo adelantó que hay otras entidades bajo la supervisión de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) que pudieran estar buscando también un acuerdo de reestructuración.

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