Líderes comunitarios de la zona, avalados por personal gubernamental de Filadelfia hizo un llamado a la comunidad internacional con relación a lo que ellos denominan como “violación de derechos humanos” en el Centro de Detención de Berks County.
Erika Almirón, de la organización pro inmigrantes indocumentados Juntos, explicó que la idea es crear un precedente para que las Naciones Unidas intervengan en el cierre del lugar, que perdió su licencia de operación en febrero del corriente y que alberga más de 80 personas, entre ellas madres e hijos, a la espera de que se vea su caso con inmigración.
“La razón por la que venimos hoy es para ponerle presión al gobierno de Estados Unidos, porque entendemos que es el mismo gobierno el que no está presionando al estado para el cierre. Sabemos que el estado puede liberar a esas mujeres y no lo está haciendo”, sostuvo Almirón.
Entre los que apoyan la medida figuran concejales de Filadelfia entre las que figuraron María Quiñones y Helen Gym.
Los involucrados en la gesta dejaron saber que enviaron una carta al grupo de las Naciones Unidas que inspecciona los centros de detención en la nación en un afán porque tomen acción al respecto.
