Utah

Desestiman demanda que buscaba eliminar el bloqueo a los sitios web porno en Utah

La ley SB 287 de Utah exige que las personas verifiquen que son mayores de edad antes de ver sitios web de pornografía.

NBC Universal, Inc.

La coalición afirma que los sitios de pornografía estaban siendo bloqueados erróneamente por la nueva ley SB 287, que exige que las personas verifiquen su edad antes de ver esos sitios en Utah o enfrentar posibles demandas civiles.

SALT LAKE CITY, Utah - Tras el bloqueo de páginas de pornografía debido a la nueva ley de verificación de edad, el juez federal Ted Stewart desestimó la demanda presentada contra Utah por la Coalición para la Libertad de Expresión en nombre de los sitios de pornografía.

La coalición afirma que los sitios de pornografía estaban siendo bloqueados erróneamente por la nueva ley SB 287, que exige que las personas verifiquen su edad antes de ver esos sitios en Utah o enfrentar posibles demandas civiles.

La oficina del fiscal general de Utah que representó al estado le pidió al juez que desestimara la demanda basándose en la 11ª Enmienda de la Constitución, que establece que los ciudadanos no pueden demandar a los estados ni a los funcionarios del gobierno estatal en un tribunal federal.

El sitio web de pornografía Pornhub bloqueó a usuarios de Utah debido a la nueva ley de verificación de datos firmada por el gobernador Spencer Cox.

Si bien la coalición que representa a los sitios web para adultos argumentó que dicha demanda era constitucional, citó una excepción que dice que las demandas contra los estados son permisibles si buscan evitar que los funcionarios estatales violen la ley federal.

El estado de Utah pidió al juez desestimar la demanda que introdujeron las compañías de entretenimiento para adultos.

Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo en que ninguno de los funcionarios nombrados en la demanda, como el fiscal general Sean Reyes y el comisionado del DPS, Jess Anderson, tuvieran algún papel en la aplicación de la ley, ya que la ley solo se ocupa de las sanciones civiles y no de las sanciones penales.

"El Tribunal reconoce las preocupaciones de los demandantes sobre la conveniencia de que la legislatura subcontrate la aplicación de leyes que plantean importantes cuestiones constitucionales", escribió el juez Stewart. "Es mejor dejar la sabiduría de tales discusiones políticas a las otras ramas del gobierno".

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