Cientos de manifestantes pacíficos, quienes fueron arrestados y maltratados por la Policía de Filadelfia, durante los eventos motivados por la muerte de George Floyd en el 2020, lograron un acuerdo de $9.2 millones tras presentar una demanda de abuso de la fuerza.
Se trata del Legal Defense Fund (LDF), el Abolitionist Law Center y el bufete de abogados Kairys, Rudovsky, Messing, Feinberg & Lin LLP quienes pudieron lograr un entendimiento legal con la ciudad de Filadelfia por el uso excesivo y militarista del Departamento de Policía de Filadelfia (PPD).
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.
En la demanda se destacan al menos cuatro casos que surgieron de la violencia policial dirigida a los residentes y manifestantes al oeste de Filadelfia, así como en la autopista I-676.
Estos fueron los términos:
- La ciudad de Filadelfia acordó pagar daños monetarios por un total de $ 9,250,000 colectivamente a aquellos perjudicados por la conducta del PPD en el verano de 2020. Este es uno de las resoluciones monetarias más grandes de su tipo en la historia de Filadelfia.
- El cabildo se desvinculó del programa federal 1033, que arma a las fuerzas del orden estatales y locales con equipo militar.
- Se comprometieron a reunirse cada seis meses con la comunidad del oeste de Filadelfia para presentar datos sobre el uso de la fuerza por parte del Departamento y responder a las preguntas y comentarios de la comunidad.
- La ciudad se comprometió a crear un fondo de $500,000 que brindará asesoramiento interdisciplinario e informado sobre el trauma a las víctimas de la violencia policial, brindará apoyo y promoverá la programación dirigida por la comunidad después de la violencia y la mala conducta policial. Los fondos se distribuirán a través de un proceso de concesión de subvenciones.
“Esta compensación es un paso importante, pero no representa una responsabilidad total por el daño ocurrido. La Policía disparó gases lacrimógenos en la casa de nuestra familia, dejando a mi hijo, de tres años, llorando y a mi hijo, de seis años, completamente aterrorizado. Estábamos atrapados en ese gas sin ningún lugar a donde ir”, dijo Shahidah, una de las demandantes. “La ciudad aún no nos ha dado una disculpa simple, y debe de reconocer adecuadamente este acto atroz antes de que pueda comenzar la verdadera sanación. Rezo para que este acuerdo cambie la forma en que la ciudad y su fuerza policial tratan a quienes se supone que deben proteger y servir".
