La ciudad de Nueva York y cuatro estados que presentaron una demanda contra el Servicio Postal de Estados Unidos, entre ellos Pensilvania, anunciaron un acuerdo el lunes en el que la agencia aceptó destruir los paquetes de cigarrillos enviados ilegalmente a Estados Unidos desde otros países.
La ciudad y California habían presentado inicialmente la demanda en 2019, y en 2020 se les unieron Connecticut, Illinois y Pensilvania.
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“No íbamos a quedarnos de brazos cruzados mientras los transportistas extranjeros eludían la ley federal en un esfuerzo por evitar miles de millones en impuestos y enganchar a los niños menores de edad a la nicotina”, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, en un comunicado.
En un comunicado, el Servicio Postal dijo que si bien “considera que siempre ha cumplido plenamente con la ley federal con respecto al manejo de paquetes de cigarrillos en el correo internacional, apoyamos los objetivos del acuerdo de conciliación, y por esa razón hemos decidido resolver esta demanda y trabajar en cooperación con todas las partes de este caso para lograr esos objetivos".
Al presentar la demanda en la corte federal de Brooklyn, los demandantes dijeron que el Servicio Postal no estaba haciendo lo suficiente para hacer cumplir la ley de prevención del tráfico de cigarrillos de 2010, particularmente en lo que respecta al envío postal internacional. La ley prohíbe el envío de cigarrillos por correo en la mayoría de los casos.
En la demanda, los demandantes dijeron que decenas de miles de paquetes enviados desde otros países pasaron por el sistema postal para su entrega, y dijeron que cuando se encontraran los paquetes, la agencia los devolvería a los remitentes en lugar de destruirlos.
Como parte del acuerdo, el Servicio Postal acordó tomar medidas para asegurarse de que estaba cumpliendo con la ley PACT, incluida la mejora de la forma en que llevó a cabo las revisiones para encontrar paquetes de contrabando, así como el desarrollo de capacitación para los empleados.
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La agencia también acordó destruir los paquetes de cigarrillos, en lugar de devolverlos por correo a los remitentes, y enviar cartas a los remitentes de que los cigarrillos no se pueden enviar por correo.
El “acuerdo obliga al Servicio Postal de Estados Unidos a hacer su trabajo para detener el flujo de cigarrillos extranjeros de contrabando hacia los Estados Unidos”, dijo el fiscal general de Connecticut, William Tong. “Estos cigarrillos de contrabando cuestan a todos los estados, incluido Connecticut, cientos de miles de dólares en ingresos fiscales perdidos y obstaculizan los esfuerzos para dejar de fumar”.
