El sindicato que representa a unos 10,000 guardias en las prisiones estatales de Pensilvania le dijo al gobernador Tom Wolf el jueves que planea una acción legal para detener su esfuerzo por obligarlos a recibir las vacunas COVID-19 durante el próximo mes.
El presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios del Estado de Pensilvania envió una carta al gobernador demócrata dos días después de que Wolf ordenó a los guardias y a algunos otros trabajadores estatales que se vacunen por completo antes del siete de septiembre o se sometan a pruebas semanales.
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El presidente del sindicato, John Eckenrode, le dijo a Wolf que su anuncio de política fue "una bofetada en la cara y, francamente, demasiado tarde porque miles de nuestros miembros ya se han infectado debido a su inacción".
"Este es el episodio más reciente de lo que ha sido una política de vacunación / pruebas / enmascaramiento lamentablemente inconsistente por parte de esta administración en nuestras prisiones estatales", escribió Eckenrode, y agregó que el sindicato "ha dado instrucciones a los asesores legales para desafiar este último cambio de política propuesto".
La secretaria de prensa de Wolf, Lyndsay Kensinger, dijo el jueves que la iniciativa fue diseñada para proteger a los guardias, sus familias y las personas con las que trabajan.
"El sindicato existe para proteger y apoyar a los empleados que representa, por lo que la oposición del sindicato de correccionales a esta iniciativa para detener la propagación de COVID-19 es extremadamente decepcionante", dijo Kensinger.
El sitio web del Departamento de Correccionales indica que aproximadamente 4,800 de los más de 12,000 empleados del sistema penitenciario han sido infectados por el coronavirus, y el sindicato dice que casi 3,700 de sus miembros han contraído COVID-19. El departamento dice que alrededor de 3,600 empleados correccionales están actualmente completamente vacunados.
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Eckenrode le dijo a Wolf que el plan de pruebas no hará que las personas estén más seguras porque no se extiende a los familiares, contratistas, proveedores y voluntarios de los reclusos.
“En cuanto al enmascaramiento, nuestros miembros deben usarlos, pero los reclusos no”, dijo Eckenrode, argumentando que la política de enmascaramiento no hace que los lugares donde las personas se congregan dentro de las prisiones sean más seguros.
Wolf anunció el martes la política de vacunación que cubre a unos 25,000 empleados de las cárceles estatales y las instalaciones estatales de atención médica y de atención colectiva. Se aplica tanto a las prisiones como a los hospitales estatales, los hogares de veteranos, los centros de salud comunitarios y los hogares para personas con discapacidades intelectuales.
Vacunas para trabajadores de hogares de ancianos
Los trabajadores de hogares de ancianos que no están vacunados podrían enfrentar pruebas más frecuentes bajo una nueva política anunciada por el Departamento de Salud de Pensilvania.
El Departamento de Salud dijo que las más de 700 instalaciones de enfermería especializada del estado deben tener al menos el 80% del personal vacunado antes del uno de octubre. Aquellos que no cumplan con el objetivo tendrán que realizar pruebas periódicas de COVID-19 a los empleados no vacunados. Los asilos de ancianos que no cumplan con los requisitos de prueba se enfrentarán a medidas reglamentarias.
Actualmente, solo uno de cada ocho hogares de ancianos de Pensilvania está cumpliendo el objetivo del 80%, "lo cual no es suficiente desde una perspectiva de salud pública para prevenir futuros brotes del virus", dijo el Departamento de Salud en un comunicado de prensa.
En todo el estado, casi el 60% del personal de los hogares de ancianos está vacunado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Aproximadamente el 83% de los residentes se han vacunado.
"A medida que aumentan los casos de COVID-19, estamos comprometidos a ayudar a prevenir los brotes al evitar que el COVID-19 ingrese a un hogar de ancianos en primer lugar, y una de las mejores formas en que podemos hacerlo es vacunando al personal en los centros de enfermería especializada”, dijo Keara Klinepeter, un funcionario del Departamento de Salud.
El COVID-19 arrasó en las instalaciones de atención a largo plazo del estado, especialmente al comienzo de la pandemia, y mató a más de 13,400 residentes, casi la mitad del número de víctimas en todo el estado.
LeadingAge PA, un grupo comercial que representa a más de 365 centros de atención a largo plazo en Pensilvania, dijo en un comunicado de prensa distribuido por el estado que apoya la nueva política de vacunación. La organización nacional LeadingAge ha recomendado que los asilos de ancianos hagan de la vacunación una condición de empleo.
Otro gran grupo comercial, la Asociación de Atención Médica de Pensilvania, dijo que publicaría una declaración sobre el nuevo mandato.
El Departamento de Salud también anunció el jueves un panel que muestra las tasas de vacunación COVID-19 por instalación.
