Una corte de apelaciones estableció que la apertura de los centros de inyección segura para tratar de reducir las muertes por sobredosis en Filadelfia, eran ilegales, ya que concluyó que la operación violaría una ley de drogas de la era de 1980 dirigida a los "crackhouses".
La decisión 2-1 fue el último revés para los funcionarios de la ciudad, un exgobernador y defensores de la salud pública que apoyan el plan Safehouse, ya que más de 100 personas mueren en los Estados Unidos a diario, a causa de la sobredosis de drogas. Se han enfrentado a la oposición del fiscal federal William McSwain, designado por el presidente Donald Trump, y de los vecindarios donde esperaban abrir.
El juez federal de circuito Stephanos Bibas, ex profesor de derecho, dijo que los valiosos objetivos del grupo sin fines de lucro no niegan la ley existente.
“Sus motivos son admirables. Pero el Congreso ha convertido en un delito abrir una propiedad a otros para que consuman drogas”, escribió Bibas para el panel del tercer circuito de Estados Unidos, anulando a un juez de distrito que consideró que el plan era legal dado su objetivo de reducir el consumo de drogas, no promoverlo, a través de asesoramiento y otros servicios.
Ronda Goldfein, vicepresidenta de Safehouse, dijo que la necesidad ha aumentado durante la pandemia. Los funcionarios de salud pública esperan que los datos muestren un aumento en las sobredosis de drogas para 2020, dijo. En los últimos años, alrededor de 1,100 personas han muerto en Filadelfia por muertes por sobredosis cada año.
“Sabemos que las personas vulnerables viven al límite. No se necesita mucho, y mucho menos una pandemia, para que puedan caer”, dijo Goldfein, quien añadió que Safehouse continuaría presionando su lucha legal.
"Seguimos confiando en que la ley no fue diseñada para que los estadounidenses permanezcan en silencio mientras sus hermanos y hermanas mueren", dijo.
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Bajo el plan Safehouse, las personas pueden llevar medicamentos a un entorno similar a una clínica, usarlos en una bahía dividida y obtener ayuda médica si tienen una sobredosis. También tendrían acceso a asesoramiento, tratamiento y otros servicios de salud.
Los partidarios incluyen al alcalde de Filadelfia Jim Kenney y al ex gobernador de Pensilvania Ed Rendell, ambos demócratas.
McSwain acudió a los tribunales para impugnar la propuesta, una medida que los principales fiscales suelen reservar solo para los casos de mayor prioridad. Calificó el fallo del martes como "consistente con la intención del Congreso de proteger a los vecindarios estadounidenses del flagelo del uso concentrado de drogas".
No está claro cuánto tiempo permanecerá McSwain en el cargo después de que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo el 20 de enero. El caso, por ahora, regresa al juez de distrito Gerald A. McHugh para más acciones. Los organizadores de Safehouse también podrían solicitar al Tercer Tribunal de Circuito de los Estados Unidos.
Instalaciones similares han operado durante mucho tiempo en Canadá y Europa y han sido consideradas por varias ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York y Seattle. También han aparecido sitios más pequeños y no oficiales en algunas ciudades.
La jueza de circuito Jane R. Roth, quien discrepó de la opinión del martes, calificó de "absurdo" que los opositores digan que Safehouse violaría la ley al permitir que se consuman drogas en el lugar, pero no los padres que permiten que los niños usen drogas en sus hogares para tratar de mantenlos vivos.
Mientras tanto, calificó el estatuto original de "crackhouse" en el núcleo del caso "casi incomprensible".
