Una demanda, presentada contra la Policía Estatal de Pensilvania, alega que varios de sus uniformados "detenían" a conductores en base sobre a cómo se veían y detenía a los sospechosos de estar ilegalmente en EEUU.
La demanda, entablada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) en el 2019, detalla que los agentes "interrogaban agresivamente" a los automovilistas sobre su estatus migratorio sin ninguna justificación, para luego detenerlos para entregarlos a ICE.
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"Uniformados de todo el estado aplicaban ilegalmente las leyes migratorias con el fin de destruir familias y aterrorizar a los automovilistas en todo Pensilvania", detalló la demanda.
Con el fin de resolver la demanda, la Policía Estatal (PSP) acordó enmendar sus leyes para prohibir a sus agentes hacer cumplir leyes migratorias y tendrá que pagar unos $865,000 a diez demandantes.
“PSP no tiene jurisdicción con respecto a la aplicación de la ley de inmigración civil”, dice el lenguaje de la nueva política.
Actualmente, todo policía en Pensilvania no puede hacer una parada de tránsito debido a sospechas de nacionalidad o el estado migratorio de un automovilista.
Además, está prohibido que los uniformados hagan preguntas sobre el estado migratorio de una persona a menos que sea necesario como parte de una investigación criminal, de acuerdo con la política. Los patrulleros tampoco pueden detener, registrar o detener a alguien basándose únicamente en una solicitud federal de detención de inmigración.
Local
Bajo el acuerdo con la ACLU, la Policía Estatal no está requerida en admitir haber actuado indebidamente. Además, los seis agentes nombrados en la demanda todavía trabajan para la policía, junto con un supervisor de PSP en la aplicación de vehículos comerciales que también fue acusado, según un portavoz de la agencia.
