Filadelfia

Disputa por acuerdo para batallar contra los opioides

Los fiscales generales de Filadelfia y Pensilvania se encuentran enfrentados en cuanto al tema.

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner demandó el jueves al fiscal general de Pensilvania por el acuerdo de nacional de opioides de $26 mil millones, diciendo que la ciudad solo recibirá una mísera parte para hacer frente a una epidemia que está matando a más de mil personas al año.

Con Filadelfia llevando a cabo su propio litigio, potencialmente más lucrativo, contra la industria de los opioides, el fiscal de distrito Larry Krasner denunció el acuerdo nacional y pidió a un tribunal estatal que declarara que el fiscal general Josh Shapiro no tiene autoridad para vincular a la ciudad con él.

Krasner criticó a Shapiro, un compañero demócrata, por acceder a un acuerdo que, según él, no logra responsabilizar suficientemente a los distribuidores y fabricantes de opioides por el daño que han causado en Filadelfia y otros lugares.

"No vamos a aceptar un acuerdo que sea una venta total", dijo Krasner en una conferencia de prensa. “Y por lo que veo, esto es un vendido. El dinero es demasiado bajo, los pagos son demasiado lentos y es posible que el dinero nunca se vea”.

El portavoz de Shapiro acusó a Krasner de "tergiversar los hechos a los habitantes de Pensilvania".

El acuerdo nacional "es la única manera de impulsar el tratamiento por valor de mil millones de dólares para las comunidades necesitadas en el corto plazo", dijo la portavoz, Molly Stieber. “La alternativa es hacer que las familias esperen años por un resultado incierto que podría dejarlas sin nada”.

El fiscal principal del estado y el candidato a gobernador esperado en 2022 reconoció anteriormente que el costo de la epidemia de opioides es "mucho más que este acuerdo", pero dijo que proporcionaría una infusión de fondos para el tratamiento y la adicción y establecería controles significativos en la industria. La oficina de Shapiro dijo que el acuerdo ya les da a los gobiernos locales la capacidad de demandar si optan por no participar en el acuerdo nacional.

El acuerdo es parte del esfuerzo continuo para abordar la crisis de sobredosis y adicción a los opioides en todo el país. Los medicamentos recetados e ilegales como la heroína y el fentanilo producido ilícitamente se han relacionado con más de 500,000 muertes en los Estados Unidos desde 2000. El número de casos alcanzó un récord en 2020.

Si se aprueba, es probable que el acuerdo sea el más grande de muchos en el litigio de opioides que se desarrolla en todo el país. Se espera que aporte más de $23 mil millones a los esfuerzos de reducción y mitigación, y el dinero llegará en 18 cuotas anuales.

Krasner dijo que Filadelfia obtendría del acuerdo solo de cinco a ocho millones, con lagunas que, según él, podrían permitir a las empresas pagar menos o nada en absoluto. Dijo que la ciudad planea continuar con sus propias demandas, prediciendo enormes premios legales que empequeñecerían lo que la ciudad recibiría bajo el acuerdo nacional.

“Esperamos un número que parece, francamente, enorme, en comparación con este número”, dijo Krasner.

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, se negó a comentar sobre la demanda de Krasner, pero acordó que Filadelfia obtendría muy poco dinero del acuerdo y dijo que la ciudad y otras comunidades más afectadas no recibieron "una voz significativa y la oportunidad de participar" en las negociaciones.

El acuerdo nacional propuesto entregaría alrededor de mil millones a Pensilvania, pero eso supone la participación total de los gobiernos locales, que tienen cinco meses para decidir.

Las empresas, la farmacéutica Johnson & Johnson y las principales empresas de distribución de medicamentos AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson, pueden retirarse del acuerdo si no creen que los gobiernos estatales o locales firmen lo suficiente. Cuanto menos se registren, menos pagarán las empresas.

Las demandas de Filadelfia "no pueden ni deben ser extinguidas por el acuerdo del Fiscal General", dijo la demanda de Krasner contra el fiscal general. "En pocas palabras, el Procurador General no puede ni debe permitir que los tres grandes establezcan su propio precio por las vidas de Filadelfia que se llevaron".

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