Filadelfia

Fiscal de Distrito acusaría por desacato a la Policía

Asegura que el Departamento de la Policía retiene información sobre mala conducta.

La oficina del fiscal de distrito de Filadelfia está pidiendo que el Departamento de la Policía de la ciudad sea acusado de desacato al tribunal por no entregar información relacionada con la mala conducta de los agentes y los antecedentes disciplinarios.

Los abogados de la oficina presentaron mociones en el Tribunal de Apelaciones Comunes de Filadelfia y en el Tribunal Municipal el miércoles, como parte de seis casos penales en curso.

El fiscal de distrito Larry Krasner y Patricia Cummings, supervisora ​​de la Unidad de Integridad de Convicciones de la oficina, dijeron en una conferencia de prensa el miércoles que los archivos son necesarios para garantizar que la oficina mantenga su responsabilidad constitucional de revelar la mala conducta a los abogados defensores y también para prevenir condenas erróneas y asegurarse de que los casos sólidos no se vean comprometidos.

"No estamos recibiendo la información que deberíamos recibir según la ley", dijo Krasner. "Lo que realmente queremos es que cumplan… de tal manera que podamos cumplir con nuestras obligaciones constitucionales".

Los fiscales identificaron 16 casos relacionados con un oficial de Policía de Filadelfia que había sufrido cargos de falsificación de documentos. Pero esa información disciplinaria no se había revelado a la oficina del fiscal de distrito, por lo que los fiscales no pudieron revelarla a los abogados defensores ni al tribunal.

Un portavoz dijo que los funcionarios del departamento no habían revisado las mociones y no podían comentar el miércoles por la tarde. Krasner dijo que habló con la comisionada de la Policía, Danielle Outlaw, el martes para informarle sobre las mociones legales planeadas, y tenía la esperanza de que pudieran llegar a una resolución.

La base de datos de mala conducta policial que mantiene la Unidad de Integridad de Convicciones incluye información sobre agentes que tienen antecedentes de acusaciones de mentiras, prejuicios raciales o uso excesivo de la fuerza. La lista incluye algunos oficiales que la oficina busca evitar que tomen el estrado de testigos y otros oficiales cuyos antecedentes de disciplina o comportamientos documentados deben ser revelados a los abogados defensores.

Krasner dijo que la falta de divulgación completa del departamento ha continuado durante su mandato de más de tres años. Su oficina había abierto discusiones con el departamento para tratar de encontrar una mejor manera de obtener la información, pero dijo que esas discusiones se vinieron abajo antes de que Outlaw asumiera el control a principios de 2020.

Cummings explicó que la oficina y sus abogados solicitarían información sobre los oficiales del Departamento de la Policía y recibirían avisos de que los archivos de respuesta no existían, o recibirían solo pequeñas porciones de archivos como la conclusión de una investigación que también había sido redactada en gran medida.

“A veces sabíamos que había un documento que respondía porque nos habían dicho que lo había en respuesta a solicitudes anteriores”, dijo Cummings.

"El (Departamento de la Policía) ha estado tomando decisiones unilateralmente sobre lo que teníamos derecho a tener… y en qué forma podríamos tenerlo", agregó, y señaló que el departamento no está legalmente calificado para determinar qué debe entregarse a los abogados de la defensa o lo que podría plantear un problema en un caso.

La oficina comenzó a emitir citaciones para obtener la información. Cummings dijo en un momento que habían presentado miles de citaciones y después de no recibir una respuesta durante dos semanas, el departamento entregó los mismos materiales limitados y redactados que había estado proporcionando antes de las órdenes judiciales.

El departamento de policía también adoptó políticas disciplinarias que borran la mayoría de los hallazgos disciplinarios después de cinco años, o dos años, dependiendo de la violación o alegación específica. Cummings dijo que la oficina ha luchado para que el departamento entienda que, independientemente de sus políticas internas, el fiscal de distrito tiene la responsabilidad constitucional de resolver cualquier problema que haya tenido un oficial durante toda su carrera.

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