El gerente de Philly Fightin COVID, quien manejó mal la distribución de vacunacas en Filadelfia, llegó a un acuerdo con la oficina del fiscal general del estado y acordó destruir toda la información de salud personal que reunió.
El acuerdo fue presentado el viernes en la Corte de Pensilvania y requiere la aprobación de un juez para entrar en vigencia.
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El centro de las acusaciones contra Andrei Doroshin, quien casi no tenía experiencia en salud pública cuando la ciudad le dio la tarea, fue que tenía la intención de beneficiarse de la operación de vacunas dirigida por su empresa emergente, llamada Philly Fighting COVID.
Doroshin negó las acusaciones de la oficina del fiscal general, incluida la violación de la ley de corporaciones sin fines de lucro del estado.
Según el acuerdo, Doroshin y sus asociados tienen prohibido administrar activos caritativos o solicitar donaciones caritativas en Pensilvania durante 10 años.
Doroshin también debe destruir la información de salud personal recopilada a través del servicio de prerregistro de vacunas y no puede recibir ningún beneficio económico de la información o la vacuna. A ello se suma que debe disolver Philly Fighting COVID.
Los funcionarios de la ciudad dijeron que le dieron el trabajo porque él y sus amigos habían organizado uno de los grupos comunitarios que establecieron sitios de prueba de COVID-19 en toda la ciudad en 2020.
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Pero cerraron la operación de la vacuna una vez que supieron que Doroshin había cambiado su aviso de privacidad para potencialmente vender datos de pacientes. Lo llamó un problema técnico que solucionó rápidamente.
