Un grupo de ciudadanos de Filadelfia demandaron al estado de Pensilvania el miércoles por la supuesta inacción de la legislatura, mayormente republicana, para proteger las comunidades de la violencia armada.
El pleito legal exige mayor control de las reglas de control de armas.
La demanda fue sometida en la corte del estado y fue firmada por algunos lideres citadinos, así como por diez residentes.
“Las acciones del a Asamblea General de Pensilvania ha contribuido a la violencia armada” tanto en Filadelfia como en otras partes del estado, de acuerdo con el pleito, que pretende que cada municipio tenga la potestad de crear sus propias regulaciones en cuanto a las armas.
Los lideres electos de Filadelfia han intentado en lel pasado de optener mayor control de las leyes de armas sin mucho éxito.
El alcalde Jim Kenney y líderes del Concejo Municipal respaldaron la gesta mancomunada contra de Pensilvania.
Los demandantes en la acción legal, la Ciudad de Filadelfia, los residentes que perdieron familiares a causa de la violencia armada y CeaseFirePA, presentaron lademanda en un tribunal estatal que afirma que la Asamblea General de Pensilvania limita a los gobiernos locales para que no puedan promulgar ni hacer cumplir políticas—que han comprobado su efectividad para salvar vidas, mientras que también se niega a promulgar leyes estatales de seguridad de armas.
Local
Este año, la violencia con armas de fuego alcanzó niveles récord. En Filadelfia, los incidentes con armas de fuego aumentaron un 57% con respecto a 2019, y el número de víctimas aumentó un 47%. El número de víctimas por violencia armada menores de 18 años alcanzó el 71%.
La demanda apunta directamente a las Leyes de Prevención de Armas de Fuego en Pensilvania, que impiden que ciudades como Filadelfia o cualquier otro municipio promulguen sus propias leyes locales sobre control de armas que han demostrado salvar vidas.
“Al promulgar y continuar ratificando las Leyes de Prevención de Armas de Fuego, la Asamblea General ha aumentado la violencia con armas de fuego en estos municipios, y han puesto en peligro las vidas, la salud y la seguridad de los demandantes individuales”, dice la demanda, y agrega: “al crear y perpetuar este peligro, los demandados violaron el derecho inherente e irrenunciable de disfrutar y defender la vida y la libertad en virtud del Artículo 1, Sección 1 de la Constitución de Pensilvania ".
