Unos 10 mil reos de las prisiones estatales de Pensilvania solicitaron fraudulentamente beneficios por desempleo durante la pandemia de coronavirus, dijeron los fiscales el martes, tras anunciar cargos contra 33 personas.
“Estos 33 acusados representan, verdaderamente, la punta del iceberg, y estamos viendo fraude por desempleo a una escala sin precedentes”, dijo el fiscal federal Scott Brady en una conferencia de prensa ofrecida en Pittsburgh.
Los investigadores recientemente pudieron cotejar una lista de presos estatales con aquellos que solicitaron beneficios por desempleo pandémico y encontraron alrededor de 10 mil coincidencias, dijo la oficina de Brady. Junto con las solicitudes de los presos del condado y federales, dijo Brady, cree que el costo total del fraude en Pensilvania se acerca a los 250 millones de dólares.
Los acusados esta semana, incluidos algunos que aún no han sido arrestados, son una mezcla de presos y personas que están fuera de la cárcel. Se enfrentan a cargos que incluyen robo, conspiración, presentar o ayudar a presentar una solicitud fraudulenta de beneficios federales y mentir a los investigadores.
Millones de estadounidenses han perdido su trabajo como resultado de la pandemia. La ayuda federal por desempleo para complementar los beneficios estatales con $600 adicionales fue objetivo de los presos, dijo Brady.
Dijo que las llamadas grabadas entre los reclusos y las personas fuera de la prisión han indicado que el dinero se gastó en televisores, honorarios legales, alquiler y joyas.
Los acusados se encuentran actualmente en ocho estados y prisiones del condado en Pensilvania, dijo Brady. Los presos o sus ayudantes supuestamente solicitaron beneficios federales por desempleo al certificar falsamente que estaban sin trabajo debido a la pandemia y que de otra manera pueden trabajar.
El fraude llamó la atención de los guardias e investigadores de la prisión, y de los inspectores postales de los Estados Unidos que vieron grandes cantidades de cartas llegar a apartados de correos o casas que habían sido abandonadas o se estaban vendiendo.
"Cada dólar importa", dijo Brady, comparando a los 10,000 reclusos con "10 mil familias que estaban siguiendo las reglas y no obtuvieron los beneficios".
El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que los investigadores recibieron datos sobre la compensación por desempleo hace un par de semanas del Departamento de Trabajo e Industria del estado.
"Si bien sabíamos que había un fraude criminal, nos sorprendió la cantidad de perpetradores que ya estaban en prisión", dijo Shapiro en la conferencia de prensa.
Dijo que los reclusos les decían a las personas que estaban fuera de las cárceles cómo presentar la solicitud y dónde enviar el dinero, a menudo usando el nombre real del recluso, la fecha de nacimiento y el número de seguro social, o los nombres y números de otros reclusos.
“Estos criminales se aprovecharon de una emergencia de salud pública para sacar provecho de las espaldas de los trabajadores en todo el estado”, dijo Shapiro.
Se presentaron cargos contra los reclusos de las prisiones estatales de Greene, Fayette y Forest, junto con los reclusos de las cárceles locales de los condados de Allegheny, Butler, Lawrence, Somerset y Westmoreland.
