Un tribunal de apelaciones de Nueva Jersey rechazó el viernes una demanda de los sindicatos encargados de hacer cumplir la ley que impugnaba el mandato de vacunación contra el COVID-19 del gobernador Phil Murphy.
El fallo de la División de Apelaciones desestimó la demanda presentada por la Asociación Benevolente de Policías del Estado de Nueva Jersey y la Asociación de Oficiales Superiores de Nueva Jersey, cuya representación incluye a oficiales penitenciarios. Los sindicatos intentaron impugnar la orden de enero de Murphy de que los trabajadores de la salud y otras personas que trabajan en entornos "congregados", incluidos los funcionarios penitenciarios, sean vacunados. El pedido también incluye refuerzos.
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Murphy había requerido previamente una vacunación o pruebas regulares, pero cambió el requisito para reflejar un mandato federal para que los trabajadores de la salud se vacunen. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha permitido que ese requisito siga adelante.
Pat Colligan, presidente de la PBA, dijo en un comunicado que los miembros están "extremadamente decepcionados" y están revisando sus opciones.
El tribunal dictaminó que el gobernador estaba plenamente facultado para promulgar el requisito.
“En última instancia, hay momentos en que los intereses individuales como los que afirman los apelantes deben pasar a un segundo plano frente a las responsabilidades que todos tenemos hacia los demás, un punto que el presidente Kennedy expresó de manera mucho más elocuente en su discurso inaugural de 1961”, dijo el tribunal.
Bajo la orden de Murphy, los trabajadores sujetos al requisito que no estaban vacunados tenían hasta el 27 de enero para recibir su primera vacuna y hasta el 28 de febrero para recibir la segunda. Los trabajadores de hogares de ancianos y otras instalaciones de vivienda comunitaria, incluidas las prisiones, tendrán hasta el 28 de febrero para recibir su primera vacuna y hasta el 30 de marzo para la segunda, dijo Murphy.
