WASHINGTON - El Tribunal Supremo de Oklahoma (EEUU) suspendió a última hora las ejecuciones inminentes de dos condenados por asesinato, tras darles la razón en su denuncia del secretismo que mantiene el estado respecto a su proceso para obtener las drogas usadas para la inyección letal. El caso forma parte de un creciente debate nacional sobre la falta de transparencia sobre los métodos de ejecución, dado que, ante la escasez de dosis de inyecciones letales, los estados que aplican la pena de muerte se han implicado en intentos encubiertos de encontrar nuevos manufactureros y combinaciones de drogas. En este caso, los dos presos, Clayton Lockett, que iba a ser ejecutados hoy, y Charles Warner, que habría sido privado de su vida el 29 de abril, demandaron al estado de Oklahoma por sus prácticas. En marzo, una corte estatal declaró inconstitucional una ley de Oklahoma de 2011 que establecía el derecho a mantener en secreto la información sobre los proveedores, al alegar que quienes están en el corredor de la muerte tienen derecho a saber cómo se les matará y cuestionar en su caso la combinación de drogas utilizada. La decisión del Supremo, que deroga la ley, ha sido apelada por el estado, pero mientras se desarrolla ese recurso judicial debe mantenerse en suspenso la ejecución prevista de Lockett y Warner. El fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, lamentó la decisión del Supremo, que "ha actuado de una forma extraordinaria y sin precedentes, que resulta en una crisis constitucional para el estado", advirtió en un comunicado. Lockett fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de una joven de 19 años en 1999; mientras que Warner está en el corredor de la muerte por la violación y asesinato de una niña de 11 meses en 1997. La escasez de drogas para la inyección letal se remonta a 2011, cuando la empresa que proporcionaba el pentotal sódico (que entonces era el anestésico utilizado por todos los estados que aplicaban la pena capital), la estadounidense Hospira, detuvo su producción. Las cárceles estadounidenses miraron entonces a Europa como alternativa para conseguir barbitúricos, pero poco después la Comisión Europea prohibió la exportación de productos para ser usados en inyecciones letales, en su intento por acabar con la tortura y la pena de muerte en el mundo. Así, los estados se han visto obligados a probar nuevas mezclas o a recurrir a las fórmulas magistrales, un método más opaco y menos controlado, a medida que se les han agotado las existencias de inyecciones letales.
