Un proyecto de ley elaborado por los republicanos para prohibir los llamados "pasaportes de vacunas" COVID-19 en algunos casos y restringir las acciones del secretario de salud durante emergencias de salud fue vetado el jueves por el gobernador demócrata de Pensilvania.
La medida dividió a ambas cámaras legislativas a lo largo de líneas partidistas el mes pasado, y el gobernador Tom Wolf había dicho anteriormente que vetaría la propuesta.
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Con millones de residentes de Pensilvania aún sin vacunar, muchos aparentemente con la intención de seguir siéndolo, los republicanos legislativos querían evitar lo que ven como políticas estigmatizantes que requieren prueba de vacunación en violación de la privacidad de la salud.
El proyecto de ley habría evitado que los colegios y universidades que reciben dinero del estado requieran prueba de la vacuna COVID-19 para ingresar a los edificios, asistir a clases en persona o realizar cualquier actividad. Las entidades gubernamentales estatales y locales se habrían restringido de manera similar, y los gobiernos no habrían podido incluir el estado de la vacuna contra el coronavirus en las tarjetas de identificación.
También habría impedido que la secretaria de salud ordenara cierres o dirigiera a las personas que no han estado expuestas a un contagio a distanciarse físicamente, usar una máscara, poner en cuarentena o restringir sus viajes. La administración Wolf cree que el proyecto de ley, si se aprueba, se habría aplicado a todos los casos, no solo durante la pandemia actual.
La senadora estatal Kristin Phillips-Hill, republicana por York, principal patrocinadora del proyecto de ley, dijo que estaba decepcionada por el veto.
“Lo que escuchamos constantemente de muchas personas es que sentían que era una extralimitación del gobierno y eso era algo que no se sentían cómodos viendo”, dijo.
Decisión Local
En el mensaje de Wolf a la Legislatura anunciando el veto, calificó el proyecto de ley como contradictorio, equivocado e irresponsable, poniendo en particular riesgo a los residentes de centros de atención a largo plazo y aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos.
Advirtió que a los proveedores médicos y al público en general se les habría impedido obtener información importante sobre las tasas de vacunación y la eficacia de las vacunas, porque el proyecto de ley habría limitado la capacidad del Departamento de Salud de recopilar información sobre vacunas e inmunizaciones para el Sistema de Información de Vacunación Estatal.
“Como hemos visto con COVID-19 y otros brotes de enfermedades, las medidas de respuesta de salud pública son críticas para salvar vidas de residentes vulnerables”, escribió Wolf.
Las políticas universales de uso de máscaras, distanciamiento social y seguridad de los trabajadores han sido fundamentales para combatir la pandemia, dijo Wolf.
Los republicanos impulsaron un par de enmiendas constitucionales estatales que los votantes aprobaron en mayo para poner fin de manera efectiva a la declaración de emergencia por desastre del gobernador, pero Wolf dice que muchos de los esfuerzos de mitigación de la pandemia están bajo la autoridad de su secretario de salud en la Ley de Prevención y Control de Enfermedades del estado.
La oficina de Wolf ha dicho que no tomará medidas para establecer pasaportes de vacunas por parte del gobierno, pero cree que las entidades privadas, los lugares y las empresas deberían poder establecer sus propias reglas sobre el estado de las vacunas.
“Una legislación miope para atar de manos a personas dedicadas a la salud pública sólo hará que las enfermedades infecciosas sean más difíciles de combatir”, dijo.
Wolf también vetó un proyecto de ley para permitir que los jueces contraten agencias de cobranza privadas para perseguir multas y costos judiciales vencidos.
El proyecto de ley de costos judiciales se habría aplicado después de que un acusado no se presentara a una audiencia judicial sobre el estado de la restitución y otros costos financieros relacionados con el tribunal.
Gran parte de los costos, tarifas y multas impagas del estado son multas de tránsito de personas que viven en otros condados y, por lo tanto, tienen una motivación reducida para pagar lo que deben.
Los funcionarios de los tribunales estatales dicen que hay alrededor de 65,000 casos que deben dinero, un total de unos $16,3 millones. Los costos atrasados y las multas están aumentando en aproximadamente $1.6 millones al año, según la Oficina Administrativa de los Tribunales de Pensilvania.
